CUANDO EL DAÑO Y EL TRAUMA SOCIAL PERDURA

Mucho se ha escrito sobre la dictadura y el terrorismo de Estado. Sobre las víctimas que sufrieron el horror de la tortura y la cárcel, sobre las muertes y las desapariciones, sobre los niños apropiados o recuperados, sobre la clandestinidad y el exilio.
Pero poco se escribe sobre la llamada “segunda generación”, sobre los que siendo niños, niñas o adolescentes fuimos condenados al inxilio y nos consideramos “víctimas directas o sobrevivientes”

Cada una de las historias de aquellos menores de edad tiene su particularidad, pero ninguno de nosotros escapamos a esos años oscuros sufriendo directamente la represión política, donde vimos la necesidad de crear estrategias para lograr resistir en medio de tanto horror y tantas pérdidas, donde tuvimos que hacernos de mecanismos de defensa para sobrevivir en condiciones de dolor y abandono.
Complejidad creciente cuando se trata de aquellos niños, hoy hombres y mujeres adultos, que fuimos dañados y crecimos con marcas que todavía no logramos dimensionar.

Nuestros padres, madres, u otros familiares fueron personas que soñaban con un mundo mejor, por eso pasaban su juventud trabajando o estudiando, y sin negar la realidad política y social empleaban su tiempo tendiendo su mano solidaria a los más necesitados, a los que carecían de trabajo, de vivienda, de educación. Ellos eran la voz de los que no podían o no sabían reclamar por sus derechos, ellos soñaban con un mundo mejor, soñaban con la igualdad, la justicia y la dignidad. Lucharon contra la dictadura y lo hicieron hasta las últimas consecuencias, dando en muchos casos su vida.

Se sabe que toda situación producida por el terrorismo de Estado fue de carácter traumático. No solo por los brutales métodos que el régimen de facto dio para la persecución y eliminación de los opositores, sino porque se dirigió una amenaza abierta contra el conjunto de la sociedad, que se implementó a través de distintas técnicas, las cuales los niños no estábamos ajenos a recibirlas: violencia en el hogar, allanamientos, miedo, angustia, hambre, inseguridad, testigos de secuestros, testigos de torturas, y unido a todo esto, el silencio… no podíamos hablar, no podíamos contar, no podíamos pedir ayuda…

La mayoría maduramos a la fuerza, nos tuvimos que hacer cargo de las responsabilidades de los adultos, supimos tragarnos la angustia y la bronca cuando nos humillaban en los cuarteles, supimos tragarnos la tristeza cuando necesitábamos apoyo y contención, nos volvimos rebeldes pero sensibles, duros pero a la vez frágiles.

Muchas fueron las pérdidas: físicas cuando secuestraban, encarcelaban o asesinaban a nuestros padres, pero también teníamos pérdidas de nuestro hábitat, de nuestros objetos, de nuestras ilusiones, de nuestros ideales, de nuestro tiempo para crecer saboreando la infancia o la adolescencia.

Destruyeron nuestros proyectos, nos quitaron los sueños, nos cortaron las alas…
Muchos necesitamos salir a trabajar con 13 o 14 años para poder comer, perdiendo la oportunidad de estudiar en tiempo y forma.
El terrorismo de Estado también nos condenó causando un daño transgeneracional y dejando un trauma social importante, secuelas psicológicas, sociales y emocionales permanentes y en muchos casos irreparables.

En aquella generación de hijos hubieron situaciones de mucho dolor, un dolor incontenible que desbordaba. Situaciones de mucha confusión, porque esos años fueron realmente muy traumáticos, era la primera vez en la historia del Uruguay que se cargaba con tanta violencia.

Durante los años del terrorismo de Estado y desde recuperada la democracia hasta el presente, seguimos experimentando el abandono, sentimos que las heridas de las situaciones históricas vividas siguen estando y nuestro dolor es invisible para el Estado y para una parte de la sociedad. Seguimos enfrentados al daño y en riesgo de ser atrapados por el silencio, el olvido y el desconocimiento, estamos en una lucha permanente contra la desconfianza y el escepticismo, todo agravado por una LEY DE IMPUNIDAD que protege a los responsables de tanta destrucción.

La presencia de un gobierno elegido democráticamente ofrece condiciones adecuadas a la consolidación del Estado de Derecho, a diferencia de la feroz dictadura que violó sistemáticamente los derechos humanos. Sin embargo las secuelas en las víctimas y sus familiares se mantienen y uno de los factores es la permanencia de la ley de impunidad.

¿Son compatibles la justicia y la impunidad? ¿Se puede rehacer un proyecto de vida cuando los responsables de tanto dolor no son sometidos a la justicia? ¿Se puede decretar el perdón y el olvido mediante una ley? Nos sentimos doblemente víctimas. Por una parte la violencia que se descargó en la década del 70 y por otro, la impunidad que sigue vigente.

El Estado uruguayo - independientemente del resultado del plebiscito - tiene que asumir su deber de aplicar la LEY DE REPARACIÓN INTEGRAL tal cual lo marcan los organismos internacionales. El Estado tiene la obligación de asumir y reconocernos, de vernos y escucharnos.

En el derecho internacional establece que todas las víctimas tienen derecho a obtener una reparación que abarque todos los daños y perjuicios sufridos. Se trata de reconstruir la propia existencia, lejos del terror y la impunidad, gracias a un acto jurídico y simbólico a la vez.

Por ejemplo, en uno de sus párrafos dice: “… El daño al proyecto de vida debe ser reparado a través del otorgamiento de becas de estudio, con apoyo económico durante la duración de los estudios, en instituciones que cuenten con reconocimiento oficial. O bien, mediante la obtención de la víctima a un puesto de trabajo…”

Nuestro rol como hijos y víctimas refleja y representa un invalorable aporte a la democracia, pero llegar a asumirlo se logra a través de un doloroso recorrido personal que implica sobreponerse al daño sufrido, enfrentar condiciones muy adversas y dedicar enormes recursos materiales, económicos y emocionales. Es un largo y extenuante camino el que recorremos para alcanzar la justicia y demanda un esfuerzo y una fortaleza inmensa, nos convertimos en el motor de lucha y reclamamos una verdadera reparación que, de algún modo, logre compensar las violaciones a nuestros derechos humanos y las pérdidas padecidas. Pero no hay una real reparación si ésta no va acompañada de la verdad y la justicia.


El próximo gobierno del frente amplio, tiene una oportunidad histórica de cerrar de esta forma, uno de los capítulos más negros de la historia reciente. Más de un millón cien mil uruguayos tenemos sobradas razones y cifradas esperanzas de que así sea.

MARYS YIC