Montevideo, 1 oct (EFE).- Una iniciativa del oficialismo uruguayo que pretende invalidar la Ley de Caducidad, que impide juzgar las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985), fue cuestionada hoy por el senador Jorge Saravia, de la gobernante coalición de izquierda Frente Amplio (FA).
El senador Jorge Saravia, del Espacio 609 -que forma parte del Frente Amplio-, el mismo al que pertenece el presidente uruguayo, el ex guerrillero José Mujica, dijo a Efe que "no está de acuerdo" con la propuesta y comentó que al menos otros dos colegas oficialistas comparten su posición, pero prefieren no pronunciarse públicamente.
Saravia recordó que en 1989 trabajó "mucho" para tratar de anular la ley y perdió, en referencia al primer referéndum que se realizó sobre la normativa, aprobada en 1986.
En 2009 "volví a recorrer mi país tratando de dejar sin efecto la ley y volví a perder", agregó en alusión al segundo y último referéndum celebrado hasta la fecha, que data de octubre pasado.
"Soy un gran defensor de la democracia directa y creo que ningún legislador se puede arrogar el derecho de pasar por arriba de la voluntad del pueblo", agregó.
Sin embargo, Saravia anticipó que si el FA decide que la ley se debe votar, por disciplina partidaria no le quedará más remedio que acatarlo.
La propuesta, presentada el pasado miércoles en la Cámara de Diputados, también ha generado el rechazo de la oposición, que ha amenazado con impulsar una nueva consulta ciudadana sobre la cuestión.
El proyecto de ley del FA busca declarar "inaplicables" tres artículos de la normativa, porque considera que violan la Constitución y vulneran la separación de Poderes, al permitir al Ejecutivo de turno decidir qué casos están dentro de la normativa y cuáles no.
La Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados comenzará a analizar el texto el jueves próximo en una sesión a la que ha sido convocada el canciller, Luis Almagro, para explicar las supuestas incongruencias entre la ley y los acuerdos internacionales sobre defensa de los derechos humanos firmados por el país.
La intención del oficialismo es que el proyecto se apruebe rápido en el Parlamento, antes de que concluya el proceso abierto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado uruguayo por la desaparición de la argentina María Claudia García de Gelman, nuera del poeta argentino Juan Gelman, en 1976.
El próximo lunes la Corte Interamericana prevé celebrar en Quito una audiencia oral de la causa iniciada este año en esa instancia, a raíz de una demanda que pide dejar sin efecto la Ley de Caducidad y en la que Almagro teme que Uruguay sea condenado.
En caso de que se invalide la ley se podrían reabrir entre 20 y 100 denuncias por violaciones a los derechos humanos, según estimaciones de la asociación civil Servicio Paz y Justicia (Serpaj).
Para presionar al Parlamento uruguayo, este viernes en la Plaza Libertad de Montevideo comenzó un maratón de lectura que busca "ampliar la voz" de los que propugnan la anulación de la ley, dijo a Efe Andrea Apolaro, portavoz de Iguales Y Punto, el bloque que aglutina a las organizaciones convocantes.
Está previsto que cerca de un centenar de ciudadanos, entre ellos el cantautor Daniel Viglietti, lean en el lugar textos simbólicos, que van desde un poema escrito por un niño en 1976, en plena dictadura, hasta fragmentos de la obra de Mario Benedetti.
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